Pastor Andrés García denuncia corrupción en Puerto Venado.

Una frase famosa: pagas 500 dólares o 15 gramas de oro para que zarpes al Orinoco o morirás en el intento de querer navegar sin pagar soborno, la más preciosa piedra para el que lo practica. Es así como se despacha combustible en la estación de gasolina de Puerto Venado, a 60 kilómetros, al sur de Puerto Ayacucho, donde efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, agentes del Seniat y la directiva regional de PDVSA, cobran soborno a plena luz del día y delante de cualquier autoridad. Saben que eso es ilegal, pero no aceptan un no. Se rotan el día de cobro y no importa quién ha quedado a cargo del negocio, ni con quién pueda hablar, cualquiera que se moleste. Solo interesa su pago en dólares. Ninguno se preocupa por lo que puedan suponer o decir, el resto de las autoridades, de ellos. Para eso hay detrás, amigos muy poderosos, incluso, miembros de organismos anticorrupción.

Antes de esta drástica medida ilegal, el despacho costaba entre 15 y 10 millones de bolívares, sin sumar los 500 mil bolívares que se pagan por diligencia de documentación, más el pago de peje a las pirañas de la Armada, que patrullan día y noche el río Orinoco, y la comisión que cobra los efectivos de la GNB, apostados en los puestos de control, en las riberas del cauce, cuyo monto supera también, los 20 millones de bolívares.

Redondeando, un empresario minero o colombiano, para transportar combustible por el río Orinoco, desde Puerto Venado hacia arriba, debe disponer de unos 50 millones de bolívares, que está obligado a pagar, dependiendo la cantidad de tambores. Ellos siempre lo harán, paguen lo que tenga que pagar. La gasolina en Colombia y las minas, tiene un costo próximo a cinco mil bolívares por litro, “y cada quien quiere lo suyo” reveló el empresario que suministró la información. Pero algunos se pasan, “quieren la mitad del costo de la venta”.

Ahora, hay también quienes necesitan el combustible y no pueden pagar esas astronómicas cantidades, por ser sus economías, muy inferiores respecto a las ganancias que genera la actividad minera y el narcotráfico. Entre estos, se encuentran las comunidades indígenas, que necesitan combustible para pesca y caza, y para trasladar enfermos y comuneros a sus diligencias en Puerto Ayacucho. No pueden pagar esas millonarias sumas, sin embargo, tiene que rebuscar dinero de donde no tienen, porque los efectivos de la GNB, PDVSA y SENIAT, no tienen misericordia, hay que pagarles o ninguno navega.

Las comunidades indígenas y los pueblos del interior, sobreviven de pequeños conucos, que no abastasen para comprar la comida de una semana.

Para agravar aún más esta crisis de corrupción, desde hace más de tres años, una ola de paludismo sacude el Estado Amazonas, de un lado a otro. Hasta el mes de agosto, se había reportado un promedio de siete mil casos, por cada uno de los seis municipios interioranos. Sumándose otras enfermedades que ameritan urgentes traslados, pero ante la falta de combustible, no toca más que esperar por la muerte, en cada comunidad.

El tratamiento para paludismo tiene un costo de un millón de bolívares en las minas, siendo el mismo de distribución gratuita, que distribuye el Ministerio de Sanidad.

Hasta mediados de este año, las comunidades no tenían la menor idea de que lo peor está por venir. Las personas comenzaron a debilitarse y la desnutrición a cobrar fuerza, porque no tienen comida ni manera de como bajar por los alimentos, que siempre han comprado en Puerto Ayacucho. El patriotismo de la GNB, el SENIAT y PDVSA, los está llevando al cementerio. Literalmente los pueblos del interior están sin comida. Más dichoso sería para ellos, los muertos a espada, que por hambre. Están muriendo poco a poco por falta de alimentos.

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Por Andrés García Bolívar

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