0248-5210096
redaccion@wakanoticias.com

Ayúdanos a mantenerte informado con USD 5 al mes. “Si hay censura la democracia se acaba” ¡Por favor contribuye!

 

Fuente: www.runrun.es

(Waka Noticias. Puerto Ayacucho, 09/04/2020).- El 13 de marzo, Nicolás Maduro decretó estado de alarma en Venezuela luego de que se confirmaran los dos primeros casos de personas contagiadas con COVID-19. Tres días después, el lunes 16, anunció que el país entero entraba en cuarentena como medida preventiva frente a la pandemia. Desde ese día, los voceros del oficialismo insisten en que la mejor forma de evitar la propagación del nuevo coronavirus es el aislamiento social; los únicos establecimientos en funcionamiento serían abastos y supermercados, centros de salud y estaciones policiales. Pero el confinamiento compromete la sobrevivencia de muchas familias, sobre todo, en los barrios de Caracas.

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), para el cierre de 2018, determinó que 87% de los hogares en Venezuela formaba parte de la categoría de pobres y 70% de las personas recibían remesas de algún familiar en el exterior. En ese contexto, la propagación de un nuevo virus significa el incremento de la situación de riesgo en que se encuentra la mayoría de las familias.

Leonardo Morantes vive en una zona conocida como Manicomio de la parroquia La Pastora, al oeste de la capital. Cuando apenas comenzaba la cuarentena, gastó cerca de 60 dólares en comida para él, su esposa y su hijo de 14 años. Ese dinero era el producto de meses de ahorro que logró gracias a su trabajo como taxista. Él forma parte de la población que no cuenta con garantías de condiciones laborales como seguro médico o ingresos fijos mensuales. De acuerdo también con la Encovi, para el año 2018, 7 de cada 10 personas se dedicaban a la economía informal. Si Leonardo fuera empleado público, los 60 dólares equivaldrían a nueve salarios mensuales. Tres trimestres de esfuerzo para comer durante dos semanas.

Para que los alimentos alcancen, la familia de Leonardo se permite solo dos comidas al día. Él esperaba volver salir a la calle la tercera semana de la cuarentena para poder subsistir. Pero, además el confinamiento significa comprar lo que se consiga y no necesariamente lo que se pueda pagar. “Yo normalmente compro en Catia (parroquia Sucre) porque me sale mucho más barato, pero con esta situación no sé, porque ya después de mediodía la policía no deja que nadie esté en la calle y toca resolver con los abastos de la zona”, cuenta.

En muchos barrios hay una premisa que es casi un imperativo: o mata el hambre, o mata el coronavirus. Este taxista lo entiende y sabe que trabajar con una economía fracturada, en un país que atraviesa una emergencia humanitaria compleja en medio de una pandemia será una tarea difícil, pero no tiene opción. Mientras, se refugia en la convicción de que todo es temporal.

Leandro Buzón, sociólogo y miembro de la ONG Caracas Mi Convive, precisa que en las comunidades que viven en mayor situación de vulnerabilidad hay tres elementos que dificultan el cumplimiento de las medidas preventivas y que, además, incitan el malestar social.

Primero, la imposibilidad de aislarse durante tanto tiempo, sobre todo si es indefinido. “Nadie puede sobrevivir si no sale”, dice. Luego, apunta que todas las actividades se deben hacer durante la mañana, porque luego la ciudad se militariza para hacer cumplir la medida de Nicolás Maduro. Finalmente, la irregularidad e incertidumbre relacionadas a la distribución de alimentos subsidiados por el Estado a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). “No hay certeza de la entrega de cajas o pago de bonos”, expresa.

En febrero, el mandatario prometió siete millones de cajas para ayudar a las familias frente al Covid-19. Sin embargo, Edison Arciniega, coordinador de Ciudadanía en Acción, precisó que, hasta el 24 de marzo, solo se habían otorgado alimentos a 19% de las parroquias del país.

La orden de aislamiento además acentúa las desigualdades sociales. Buzón explica: “Se diferencia entre los contagiados, que dicen que son de los municipios Baruta, Chacao y El Hatillo, y los no contagiados. Entonces los de Libertador, por ejemplo, no pueden movilizarse hasta allá y viceversa”. Como consecuencia, enfatiza la paralización de las actividades económicas y la segregación de grupos, lo que convierte una pandemia en una lucha de clases.