Fuente: www.panorama.com.ve

(Waka Noticias. Puerto Ayacucho, 30/09/2019).- El Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió el pasado viernes 27 de septiembre crear “una misión internacional independiente” encargada de investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos en Venezuela, entre ellas ejecuciones extrajudiciales y torturas, cometidas desde 2014.

Una resolución, propuesta fundamentalmente por numerosos países del Grupo de Lima (compuesto por una docena de países latinoamericanos y Canadá) y apoyada por la Unión Europea, fue adoptada por el Consejo en Ginebra por 19 votos a favor, siete en contra y 21 abstenciones.

La resolución pide que esta misión, cuyos miembros serán nombrados por el presidente del Consejo de derechos humanos, sea “enviada urgentemente” a Venezuela.

Esta misión tendrá que investigar “casos de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzosa, detención arbitraria, tortura (...) y otros malos tratos, inhumanos y degradantes, ocurridos desde 2014, con el fin de que los autores respondan plenamente de sus actos y se haga justicia a las víctimas”.

Tras conocer el resultado de la votación, el embajador venezolano ante el Consejo, Jorge Valero, advirtió de que su país no cooperará con esta misión.

“La imposición de mecanismos de monitoreo adicionales no contará jamás con el consentimiento de mi país”, dijo, subrayando que Caracas había ya acordado una “cooperación técnica” con la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Los investigadores de la ONU podrían trabajar desde el extranjero, como ocurre con los expertos de Naciones Unidas que investigan los abusos en Siria o Birmania.

“Sin duda alguna la resolución busca entorpecer el relanzamiento de las relaciones de cooperación y de asistencia técnica del gobierno bolivariano con la oficina del alto comisionado. Razón por la cual está destinada al fracaso”, agregó Valero.

La misión tendrá que enviar un informe sobre los resultados de sus trabajos durante la 45ª sesión del Consejo, en septiembre de 2020.

“Este proyecto de resolución puede incidir negativamente en los procesos de diálogo que se desarrollan entre los principales actores políticos del país”, insistió Valero, refiriéndose a las conversaciones iniciadas por el presidente Nicolás Maduro con un sector minoritario de la oposición, que no incluye a Juan Guaidó, principal adversario del gobierno.