El Artículo 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su primer aparte reza lo siguiente: “…Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente…”

 En la actualidad venezolana contamos con la presencia de una Asamblea Nacional Constituyente (Poder Constituyente Originario) instalada por el llamado que hiciera el presidente de la república Nicolás Maduro en Consejo de Ministros (Poder Ejecutivo) en 2017 bajo el mandato conferido en el 348 de la constitución; hoy en 2019 se asoma la posibilidad de una nueva oportunidad de que la misma llame al Consejo Nacional Electoral (Poder Electoral) para que realice nuevas elecciones y así relegitimar al poder legislativo constituido como lo es la Asamblea Nacional (Poder Legislativo).

La Asamblea Nacional actual desde su instalación ha tenido una serie de directivas que han empleado acciones enfocadas únicamente al derrocamiento del Presidente, creyéndose con el derecho de desconocer todos los demás Poderes, como es el caso de la inobservancia de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (Poder Judicial), desacreditando constantemente al Poder Electoral con que fue elegida, e inclusive desconociendo (cuando le conviene) al Poder Constituyente en la autoridad de la plenipotenciaria ANC, generando así un conflicto de poderes sin precedentes que lo único que ha conseguido es agravar la crisis política olvidando por completo colaborar para resolver el grave problema económico que atraviesa la nación (artículo 136-segundo parágrafo).

Hagamos una breve cronología del comportamiento de dicha institución. La primera directiva en pleno uso de sus facultades tuvo como presidente al diputado Henry Ramos Allup, quien prometió mediante ultimátum con un plazo de seis meses cambiar al presidente de la República. Situación que dio inicio a una secuencia de confrontaciones políticas con los demás poderes.

 Mediante un proceso de impugnación que se tramitó por ante el Tribunal Supremo de Justicia en la Sala Electoral, en el caso de los Candidatos a diputados del Estado Amazonas por un supuesto fraude electoral, se le abrió un proceso de investigación a dichos comicios en el territorio y que posiblemente se volverían a realizar nuevas elecciones si se demostraba tal fraude. El Tribunal Supremo de Justicia en dicha Sala, ordenó mediante sentencia a los cuatro candidatos (incluyendo a Miguel Rodríguez del PSUV-Partido de Gobierno) a que no se incorporasen como  diputados hasta tanto no se tomara una decisión. Es allí donde empieza el desconocimiento por parte de la Asamblea Nacional al hacer caso omiso de la decisión del Poder Judicial en Sala Electoral, incorporando de forma arbitraria a tres de los cuatro candidatos como diputados de dicha Asamblea Nacional. Este hecho determinó, a partir de allí, el destino legal del Poder Legislativo Nacional al ser declarado en Desacato por la Sala Constitucional hasta tanto no se ajustaran a derecho bajo las decisiones del Poder Judicial en materia electoral, quienes a partir de allí, cualquier acto que se realizara en esa condición de Desacato serian nulos sin ningún tipo de vinculación para el resto de las instituciones nacionales. Es decir que a partir de esa junta directiva, las demás que han sido nombradas son nulas y carecen de legitimidad por mandato de la constitución y la ley.

Sin embargo, dicha Asamblea Nacional siguió con su empresa en desacato a la autoridad judicial, quien tiene el control concentrado para interpretar la Constitución Nacional (artículo 334-tercer parágrafo),  por tanto se han venido nombrando a otras autoridades de la misma, con lo cual se han llamado abiertamente a Sanciones Económicas, Comerciales y financieras por parte de Países y organismos internacionales contra el Estado Venezolano, con el concurso por supuesto de dichos actores internacionales, contribuyendo así al desmejoramiento de nuestra economía, comportamiento que podríamos perfectamente calificar como Tracción A La Patria, debido a las cuantiosas pérdidas económicas que esas acciones han causado en detrimento de las condiciones de vida de nuestro pueblo. Desde la Asamblea Nacional se han sumado inclusive diputados a la desestabilización política y social como es el caso del diputado Freddy Guevara a las llamadas Guarimbas del año 2017, las cuales fueron neutralizadas por el llamado a ese gran dialogo nacional que hiciera el presidente Nicolás Maduro al convocar a una Asamblea Nacional Constituyente una vez ya instalada, donde a pesar de la negativa en participar de la dirigencia opositora, más de 9 millones de venezolanos salieron (a pesar de los disturbios en algunos territorios)  a elegir sus respectivos constituyentes, perdiendo (la oposición) esa gran oportunidad tan importante para la construcción colectiva entre los distintos sectores políticos del país. A partir de allí, la plenipotenciaria ANC ha impulsado la relegitimación de los poderes públicos nacionales mediante elecciones, tal es el caso de las gobernaciones, en la cual participaron gran parte de los partidos de oposición obteniendo un total de 5 gobernaciones de 23 estados, legitimando así a quien impulsara estas elecciones como lo fue la Asamblea Nacional Constituyente. En una bravuconada de quien fuera elegido gobernador del Estado Zulia Juan Pablo Guanipa del Partido Primero Justicia, se negó a rendir juramento ante la ANC, cosa que si hicieron los demás gobernadores de oposición recientemente electos,  por lo que obligó a repetir las elecciones en dicho estado junto a las elecciones de Alcaldes y alcaldesas de todos los Municipios del país en su oportunidad. En ese mismo año 2017, empieza una iniciativa de Dialogo entre dirigentes de Oposición encabezada por el Diputado Julio Borges y voceros del Gobierno, esta se dio en República Dominicana con el acompañamiento de tres ex presidentes como es el caso de José Luis Rodríguez Zapatero de España, donde se manejaba la posibilidad de llamar a unas elecciones presidenciales bajo un acuerdo que terminó en no ser suscrito por la oposición a pesar de haber firmado un preacuerdo, bajo la tristeza de los acompañantes y de todo un país de tradición democrática como lo es Venezuela. Sin embargo, las elecciones presidenciales se pautaron para el 20 de Mayo del año 2018, donde se abrió el proceso de inscripción para todos los sectores de la vida política, y donde días antes el ex presidente Zapatero denunciaba lo que él llamó un “prejuicio” y “descalificación preventiva” de unas elecciones que se darían en las mismas reglas y condiciones con que se eligió a la Asamblea Nacional de 2015 (ya para ese entonces en desacato), citando al rector de oposición Luis Emilio Rondón ante el CNE quien así lo certificó.

Finalmente las elecciones se realizaron con la participación de cuatro candidatos, dentro de ellos Henry Falcón de Avanzada Progresista por una parte de esa clásica oposición venezolana (que vuelve a legitimar a la ANC), con la presencia de más de 150 observadores internacionales, las mismas reglas y condiciones de las parlamentarias del 2015. Por supuesto como ya se había hecho previo a los comicios, las descalificaciones a la legitimidad de las elecciones siguieron, tanto a lo interno como en el extranjero, obviamente como parte de un plan que se pondría en marcha después de la juramentación del presidente Nicolás Maduro (si resultaba electo) el 10 de Enero del 2019.  Hoy 03  de febrero de 2019, nos encontramos frente a una situación de inestabilidad agudizada desde el 23 de Enero, con la autoproclamación en una avenida de caracas del Diputado de Voluntad Popular Juan Guaido, como “presidente encargado” frente a una violación flagrante de la Constitución argumentando un supuesto de hecho inexistente en la carta magna, el reconocimiento de los Estados Unidos De Norteamérica (quien un día antes a través de su vicepresidente Mike Pence públicamente mostró su participación) y otro grupo de países, desencadenando así una pugna diplomática entre los países que acompañan esta intromisión en los asuntos internos del país y la gran mayoría que reconoce la legitimidad del presidente Nicolás Maduro, quienes apuestan a un dialogo como solución, por nombrar solo algunos México, Uruguay, Bolivia, El Caricom, Irán, Turquía, la Unión Africana Rusia y China. Ese mismo día 23 de Enero, el autoproclamado hizo un llamado a la rebelión civil y militar que desconociera al poder ejecutivo, lo cual genero disturbios con algunos heridos y muertos en el país, que servirían de excusa para acciones futuras más fuertes contra el gobierno, completando el plan con la instauración de un gobierno paralelo en el extranjero (caso de embajadas), el robo de los activos del estado  (caso EEUU y Reino Unido), la confiscación de nuestra empresa estatal SITGO, asfixiando aún más nuestra economía y por último la amenaza de una invasión militar de los Estados Unidos a nuestro suelo Patrio.

Si bien, el periodo constitucional de los diputados de la Asamblea Nacional se vence el próximo 10 de Enero del 2020, estos ya han demostrado claramente poca capacidad de convivencia con los demás Poderes Públicos, sin intención, sobre todo de colaborar con ellos en pro de los intereses de la república, y que por el contrario han dado muestras de representar los intereses de sus jefes extranjeros como es el caso más evidente del gobierno de los Estados Unidos, quienes otrora ya habían promovido un golpe de estado en el año 2002 a poyando a esta misma oposición anti-democrática de hoy.

Hoy se presenta una posible oportunidad para relegitimar la Asamblea Nacional, solo mediante un llamado que realice la ANC (legitimada por la oposición en la participación de las elecciones a gobernadores, alcaldes y la presidencial) con todo el poder que le otorga la constitución en su artículo 349 y que confiere a sus decisiones rango constitucional, porque como decía nuestro Comandante Chávez  en su faceta más demócrata: “Dentro De La Constitución Todo Y Fuera De Ella Nada”.

Magno Alejandro Barros.        Puerto Ayacucho-Estado Amazonas 03 de Febrero  de 2019