CONFLICTO SOCIOSANITARIO Y ACTUALIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL PUEBLO YANOMAMI DE ALTO ORINOCO

 Introducción

En el marco de la situación político social venezolana, por primera vez la población indígena es protagonista directa de la represión del Estado, con un saldo al menos de 6 fallecidos y decenas de heridos en el sector Kumarakapay, territorio Pemón del estado Bolívar. Tal vez por lo mediático de estos sucesos, los fallecidos y heridos fueron de conocimiento y repudio nacional e internacional. Igual de cierto es que el número de fallecidos y heridos en las diferentes comunidades indígenas del sur del país sobrepasa esta cantidad, unos por afecciones sanitarias y otros por la violencia que generan los grupos armados en sus territorios, por sólo mencionar las vulneraciones del derecho a la vida y a la salud. Los fallecidos de Kumarakapay no sólo fue en marzo pasado, sino cada día en las comunidades indígenas azotadas por la malaria, sarampión, desnutrición infantil y los grupos irregulares armados, sus mafias y el militarismo.

Precarias Condiciones Sociales de los Pueblos Indígenas de Venezuela Presentes en el Informe Anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En la presentación del informe sobre la situación de los DDHH en Venezuela por parte de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), celebrado en Ginebra el 20-03-2019, como pocas veces, se calificó a los pueblos indígenas de este país como una “población especialmente vulnerable”. También indicó textualmente, que, “las condiciones extremas obligan a un número significativo de pueblos indígenas a cruzar la frontera hacía Brasil en busca de alimentos, atención médica y otros servicios básicos”.

A pesar que la presentación del referido informe no fue pormenorizado sobre las violaciones de derechos humanos contra las poblaciones indígenas, es pertinente resaltar la importancia de haber sido incluido en el texto, lo cual significa que los padecimientos de los 34 pueblos indígenas del país (2.4% población nacional según censo INE 2011), han trascendido hacia el mundo a través del foro internacional de derechos humanos más importante del planeta. Sin embargo, es conveniente aprovechar esta oportunidad para apuntarle a la OACDH una serie de datos sobre los padecimientos sociales de los 19 pueblos indígenas que habitan en el estado Amazonas (la entidad con mayor diversidad étnica del país), datos que han sido obtenidos a través de investigaciones de campo en diferentes comunidades del interior del estado, investigaciones documentales, así como entrevistas a personas claves de varias comunidades en conflicto sociosanitario o amenazadas por la violencia de grupos armados en actividades de extractivismo y conexas.

Situación Sociosanitaria del Pueblo Yanomami del Alto Orinoco

Basado en datos de investigaciones ejecutadas por un equipo multidisciplinario para el Observatorio de derechos Indígenas “KAPE-KAPE”, durante el último semestre del año 2018 se evidenció una muy grave situación sociosanitaria en las comunidades indígenas de los municipios Atures, Autana, Atabapo, Alto Orinoco y Manapiare del referido estado. Uno de los casos más graves es la experimentada por el pueblo Yanomami, quienes habitan en el Alto Orinoco, específicamente en el eje aéreo de Parima, Koyow­ë y Cerro Delgado Chalbaud; así como en el eje fluvial de Ocamo, Padamo, Mavaka, Mavakita y Platanal.

Esta población conformada por aproximadamente 17.000 personas en territorio venezolano, actual e históricamente ha sido víctima de graves padecimientos  sanitarios, en especial por altos índices de malaria y recientemente la reaparición del sarampión en la Sierra Parima, noreste estado Amazonas. En el caso del paludismo o malaria, la situación es generalizada, en cada comunidad visitada o reportada por los Agentes Comunitarios Yanomami de Atención Primaria en Salud (ACYAPS), se evidencian numerosos casos, que además tiene un significativo repunte en el periodo lluvioso. Igualmente se ha podido corroborar que en las zonas donde se practica la minería, los casos de malaria son más evidentes, debido a que dichas prácticas crean condiciones físicas para la generación y propagación de los vectores que transmiten esta enfermedad. Al respecto existen estudios de Investigación realizados por la científica y docente María Eugenia Grillet, del Laboratorio de Vectores y Parásitos de la Universidad Central de Venezuela, donde se reitera que en las zonas donde se ejecutan estas prácticas, la prevalencia de malaria aumenta exponencialmente, inclusive, propagando esta enfermedad a otras latitudes según la movilidad de las personas afectadas.

Las condiciones geográficas del Alto Orinoco, conformadas por grandes extensiones de selvas o bosques tropicales, hacen del territorio Yanomami un conjunto de zonas de mediano y difícil acceso, por lo cual la atención o cobertura médica es irregular y en determinados lugares inexistente. Las comunidades del noreste de la Sierra Parima: Irota, Tokori, Oroshi, Hokomawë, Himaraöshi y Shamakörona (20-40 Km de Roraima-Brasil), entre otras, son de las más críticas desde el punto de vista de la no cobertura del sistema de salud pública. De estas remotas comunidades pocos datos epidemiológicos se han obtenido públicamente, salvo los recabados a través de los enfermeros y microscopistas ACYAPS, que a falta de información oficial, frecuentemente reportan numerosos casos de malaria y otras afecciones no diagnosticadas por falta de personal médico calificado. Se entiende que la información epidemiológica de estos sectores, ha estado censurada para el público y la academia, quienes en el mejor de los casos deben informarse de manera informal o por investigaciones particulares. El Sistema de Regional de Salud y en especial el Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales (CAICET), si tienen esta información, pues han estado yendo a esta zona esporádicamente, al menos una o dos veces al año desde los sucesos de Irotatheri en 2012, fecha antes de la cual, estos organismos no sabían de la existencia de estas comunidades. A partir de este suceso, las comunidades de la zona están incluidas en el programa de oncocercosis, debido a que se detectó que sus habitantes presentan esta enfermedad a niveles hiperendémicos.

Ante la necesidad de evaluar la situación epidemiológica en los shabonos o comunidades indígenas, los enfermeros y microscopistas ACYAPS hacen pertinente el reporte de casos según los síntomas presentados por los pacientes, relacionando las afecciones más frecuentes con malaria, enfermedades gastrointestinales (en especial en niños), enfermedades respiratorias y las más graves vinculadas a tuberculosis. A pesar que dicho personal de salud no está autorizado para suministrar de manera oficial esta información, sus aportes no dejan de ser de importante valor para este trabajo, debido a que dichos datos han sido obtenidos en sus actividades diarias en comunidades donde brindan asistencia de atención primaria.

Datos sobre la Morbilidad y Mortalidad del Pueblo Yanomami.

Es difícil cuantificar, registrar y sistematizar estos datos, pues como se dijo antes, se trata de zonas de muy difícil acceso y además su tránsito está restringido por una serie de medidas impuestas por el Comando de la Zona Operativa de Defensa Integral N° 63 (ZODI 63). Sin embargo, con los diferentes datos o reportes obtenidos de funcionarios del sistema de salud pública no autorizados para brindar información oficial, conjuntamente con entrevistas a actores claves de diferentes comunidades indígenas del Alto Orinoco, se estima en la cifra más conservadora, que entre 5 y 8 yanomami fallecen al mes por diferentes afecciones, lo que a su vez significa la ausencia de atención medica en la mayoría de los 250 shabonos o comunidades que conforman este pueblo indígena. Además, en las comunidades donde existen ambulatorios médicos, los medicamentos e insumos son muy escasos. El antimalarico y las pruebas rápidas de diagnóstico de malaria, son de los recursos más usados por los enfermeros para atender a los pacientes de esta enfermedad, pero dichos suministros son insuficientes para cubrir toda la demanda, motivo por el cual dicho tratamiento médico es muy irregular (no se entrega el tratamiento completo) y esto pudiera ser la causa de los recurrentes casos de malaria en una misma persona. Ante la irregularidad en el suministros de este tratamiento, los indígenas optan por emplear formulas curativas según los usos y costumbres de la medicina tradicional, lo cual mitiga en la mayoría de los casos sus padecimientos de salud.

Continuando con los datos sobre la morbilidad y mortalidad en las comunidades indígenas del Alto Orinoco, es preciso apuntar algunas cifras, que en este caso fueron publicadas por nuestro amigo Aimé Tillett, quien tiene estudios en antropología y se ha dedicado a lo largo de su carrera a la investigación de la situación de salud indígena en Venezuela. Al respecto Aimé Tillett, en marzo de 2018, en artículo para el Observatorio de Ecología Política de Venezuela, refiere que a pesar de una serie de derechos constitucionales y legales de protección en materia de salud en favor los pueblos indígenas, “estos siguen presentando algunos de los peores indicadores de salud, quienes tienen mayor probabilidad de morir por diarrea, enfermedades respiratorias, enfermedades prevenibles por vacuna, desnutrición, parasitosis intestinal, anemia, complicaciones en el parto, hepatitis viral, tuberculosis y malaria; la mayoría altamente evitables si son atendidas a tiempo”.

Igualmente, Tillett continúa apuntando los siguientes datos de especial interés para la salud indígena en Venezuela:

• Los pueblos indígenas tienen mayor riesgo de contraer difteria, sarampión y otras enfermedades prevenibles con vacuna, debido a la baja cobertura de vacunación en sus territorios.
• La mortalidad infantil entre los indígenas yanomami, oscila entre el 15% y 50% de niños nacidos vivos, la mayoría antes de llegar a los 5 años.
• La esperanza de vida al nacer de la población yanomami puede ser hasta 40 años inferior al promedio nacional.
• Las mujeres indígenas encabezan la lista de mortalidad materna en Venezuela. En 2012 en Amazonas la tasa fue de 120,5 por 100.000 NVR.
• La contaminación por mercurio en la amazonía venezolana, consecuencia de la minería ilegal, afecta especialmente las comunidades indígenas.
• La epidemia de malaria que se desarrolla con mayor intensidad en los estados Bolívar y Amazonas. Está principalmente asociada a las zonas mineras, que se encuentran en su mayoría en los territorios de ocupación tradicional de los pueblos indígenas.
• Actualmente la carencia de medicamentos antimalaricos es generalizada y hay una alta mortalidad que no se está registrando.

Una vez revisados estos datos de años anteriores, observamos en cuanto al tipo de enfermedades, una similitud en relación con aquellas que hoy continúan afectando a los pueblos indígenas de del país, donde está inmersa de manera particular la población yanomami. Estos datos a pesar de ser muy alarmantes, en la actualidad pudieran ser aún peor debido al debilitamiento que ha sufrido el sistema de salud público nacional y de manera particular el Plan de Salud Yanomami, que será analizado en este mismo trabajo (infra). Además, en cuanto a la malaria es necesario presentar los interesantes datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que para el año 1999 registró 19.086 casos, para el año 2014 registró 46.655 y para el año 2016 registró 240.613. El más reciente reporte de este organismo regional indica que durante el año 2017 se presentaron 319.842 casos confirmados en el territorio nacional; por supuesto que la mayoría de estos casos, aunque no estén discriminados por territorios, fueron presentados en comunidades indígenas donde confluye la  minería ilegal en los estados Bolívar y Amazonas. Igualmente la OPS ha expresado su especial preocupación debido al drástico repunte de la malaria en Venezuela, así como por la reaparición de estos casos en zonas donde se había logrado erradicar.

La Red Venezolana de Salud Pública, publicó el 04 agosto de 2017 que el estado Bolívar es la entidad federal con mayor incidencia de malaria, con 116.612 casos para la fecha, equivalente al 63,29% de los casos nacionales. También indicó que el segundo estado con mayor número de casos de malaria es Amazonas con 32.797, lo que representa un 17,80% de los casos nacionales y un 18,80% de  la población de esta entidad federal. Igualmente esta cantidad  de casos representa un aumento de 3,55 veces más que en 2016.

La Dra. María Eugenia Grillet, recientemente advirtió “que el Programa de Vigilancia Diagnostico y Control  de la Malaria se ha ido desmantelando poco a poco desde 2012, lo que ha magnificado la epidemia de manera descontrolada” (EFE, 15 abril 2019).

Caso emblemático sobre mortalidad por causa de la malaria en los shabonos del Alto Orinoco.

En entrevista de junio 2018 con enfermeros Yanomami ACYAPS, reportaron la muerte de cinco (05) indígenas en la comunidad Yanomami “Haximú” durante el mes de febrero de ese mismo año, que según los síntomas presentados por los hoy fallecidos, hizo presumirles a los dos enfermeros del sector, que se trató de malaria. Los fallecidos fueron dos (02) niños, dos (02) adultos y un (01) anciano (por razones socioculturales sus identidades no deben ser reveladas públicamente). Estos decesos no fueron reflejados en los registros oficiales, por lo cual a nivel gubernamental se estaría haciendo un inadecuado o poco control sobre estos datos. Esta situación refleja que el registro sanitario en el Alto Orinoco es precario, originando con ello los subregistros epidemiológicos que frecuentemente pulicán las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales (ver trabajo de investigación “Situación Sociosanitaria en Comunidades Indígenas del estado Amazonas y los Subregistros Epidemiológicos”, de Luis Betancourt Montenegro para WWW.KAPÉ.KAPÉ.ORG).

El caso de los cinco fallecidos de Haximú durante el mes de febrero de 2018, quisimos traerlo al presente trabajo de investigación como una muestra de lo que frecuente o comúnmente ocurre en estas comunidades donde la atención médica es precaria o inexistente. Es posible que la falta de asistencia médica en estas comunidades remotas sea motivado a su difícil acceso, pero es allí donde el Estado debe emplear su recurso humano y logístico para garantizar el derecho a la salud y a la vida de una población que además se encuentra en estado de especial vulnerabilidad sanitaria, expresado así en el reciente informe de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH. Además se sostiene que al tratarse de un vasto territorio de aproximadamente 50.850 Km², conformado por una geografía tan agreste como la selvática tropical, donde se estima que la atención medica alcance en este momento entre el 30-35% del territorio; entendiéndose que a pesar de los datos aportados por esta investigación, más los reportados por los organismos oficiales, aún quedan otros datos epidemiológicos sin revelar en proporción al número de comunidades desatendidas ubicadas en zonas inhóspitas de poco o reciente contacto con la sociedad occidental (ver trabajo de investigación “Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial”, de Luis Jesús Bello, IWGIA-IPES, 2012). Dicho esto, se advierte que los datos presentados en este trabajo son solo referenciales, pues se estima que al menos entre el 50-60% de las comunidades yanomami se encuentran en situación de difícil acceso. Además, por lo precario del sistema de salud público del Alto Orinoco, hay comunidades que estando relativamente cerca de los ambulatorios tampoco reciben atención sanitaria, en la mayoría de los casos por falta de medicamentos, insumos y/o personal médico.

Igualmente se debe tomar en cuenta que un importante número de indígenas Yanomami cruzan la frontera hacía Roraima-Brasil, en búsqueda de atención sanitaria y medicamentos, en especial habitantes de las comunidades del Parima. En estos casos, los registros o controles epidemiológicos no son reflejados por autoridades venezolanas.

Compromisos del Gobierno Nacional ante la CIDH sobre Medidas Sanitarias en Favor del Pueblo Yanomami (estado de cumplimiento).

Continuando con la situación sanitaria del pueblo Yanomami, es pertinente recordar que el Estado venezolano en el año 1999 contrajo un compromiso de Acuerdo de Solución Amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de garantizarle a dicho pueblo indígena su derecho a la salud, por haber sido declarado responsable de permitir por omisión, el asesinato en el año 1993 de 16 Yanomami en la comunidad “Haximú” (Masacre de Haximú, caso 11.706-96), por parte de garimpeiros que ejercían actividades de minería en territorio de este pueblo indígena. Uno de los tres compromisos que asumió el Estado venezolano, fue “diseñar, financiar y poner en práctica un programa especial de salud dirigido al pueblo Yanomami”. En efecto, en el año 2005 se puso en funcionamiento el Plan de Salud Yanomami (PSY), que entre otros aspectos contenía la “ampliación, dotación y expansión del Distrito Sanitario N° 4 del Alto Orinoco”, así como la formación en medicina simplificada de indígenas Yanomami, como garantía de asistencia directa y sostenida de atención primaria en salud a las comunidades de mediano y difícil acceso. Este programa tuvo importante éxito, logrando alcanzar una cobertura record de aproximadamente 65-70% del territorio Yanomami (65-70% de 50.850 Km²), con atención preventiva y curativa de diferentes afecciones. La clave del éxito fue el recurso logístico que estuvo dispuesto para las distintas operaciones sanitarias, para lo cual fue un aliado determinante el Plan Estratégico Nacional para la Defensa, Desarrollo y Consolidación de Sur del Ministerio de la Defensa (PENDDCS), que disponía de una flota de aeronaves de ala fija y rotatoria exclusivamente para las distintas actividades del referido PSY. Al día de hoy el PSY no cuenta con recursos económicos ni logísticos para continuar sus labores de asistencia médica, lo cual significa su desaparición operativa. Igualmente fue desarticulado el mencionado PENDDCS, quedando en su lugar el Grupo Aéreo de Transporte N° 9 de la Fuerza Aérea, unidad militar que a pesar de sus esfuerzos no cubre la demanda de las comunidades indígenas en necesidad de atención médica a través del puente aéreo requerido.

Reaparición del Sarampión en Comunidades Yanomami del Alto Orinoco

Es necesario un aparte especial para tratar la situación del brote de sarampión en varias comunidades de la Sierra Parima Municipio Alto Orinoco. La reaparición o brote de sarampión reportado en este sector entre los meses de junio y julio de 2018, no ha sido declarado oficialmente por autoridades venezolanas ante la opinión pública, a pesar de haber suficiente información sobre la existencia de este conflicto sanitario en la referida zona. Sin embargo, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, por obligaciones contraídas, ha informado periódicamente a la OPS sobre este conflicto y su evolución; por lo cual los venezolanos nos enteramos sobre dicha situación a través de los boletines que publica este organismo de salud continental (OPS).

La información que se obtiene sobre este brote de sarampión nos provienen organismos de salud internacional, autoridades sanitarias brasileñas, ONG´s nacionales e internacionales, así como de funcionarios del sistema de salud pública venezolano no autorizados para emitir información oficial. Esta ha sido la constante en los diferentes episodios de este tenor, donde la opinión pública debe informarse de su situación sanitaria a través de datos no oficiales para saber en qué situación epidemiológica se encuentra la sociedad de la cual forma parte, constituyéndose así el subregistro epidemiológico.

Esta situación de desinformación oficial genera lo que hoy está ocurriendo con este conflicto sanitario, que inicialmente se manejó la cifra de 16 yanomami fallecidos por esta causa, luego 27 y la última cifra de 71 fallecidos en todo el sector Parima del Alto Orinoco. Para el mes de julio de 2018, el Observatorio de Derechos Indígenas KAPÉ-KAPÉ, a través de sus investigaciones manejó la cifra de 16 fallecidos a causa de esta situación epidemiológica. Las comunidades más afectadas por este brote de sarampión fueron: Irotatheri, Tokoritheri, Hokomawëtheri y Shamaköronatheri, así como los shabonos más pequeños a la redonda. Igualmente según los reportes de los ACYAPS y médicos del Centro Amazónico para Investigación y Control de Enfermedades Tropicales (CAICET), dicho conflicto epidemiológico se inició entre los meses de enero y marzo de 2018.

Por las características y patrones epidemiológicos, se presume que el conflicto sanitario surgió en las comunidades Yanomami del estado de Roraima-Brasil, que luego se extendió hasta las referida zona de Parima, situación de contagio y propagación nada extraña debido a que se trata de un mismo pueblo indígena que habita territorios binacionales, que además por razones socioculturales y ambientales, el contagio entre los yanomami es muy propenso.

Se reconoce el esfuerzo y mística de trabajo del CAICET conjuntamente con el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela en el abordaje de esta situación, siendo los únicos organismos abocados en la investigación y control de este conflicto sanitario. Sin embargo, los recursos logísticos y cadena transporte, en especial el aéreo, son insuficientes para el efectivo saneamiento y control epidemiológico en la zona.

Dicho esto, la situación del sarampión en las comunidades yanomami del Alto Orinoco ha sufrido un agresivo cerco comunicacional que ha impedido tener acceso a información oficial, por lo cual esta investigación pretende ilustrar datos de interés sobre la situación.

En otro sentido  pero dentro del diagnóstico de la situación de salud yanomami, se resalta que actualmente el CAICET ejecuta el programa de oncocercosis en las comunidades afectadas por esta infección, siendo uno de los pocos programas sanitarios en tener una importante cobertura de atención, gracias al financiamiento y apoyo técnico del Programa para la Eliminación de la Oncocercosis de las Américas (OEPA).

Análisis Integral sobre la Situación Sanitaria del Pueblo Yanomami

La situación sociosanitaria del pueblo yanomami resulta muy compleja, tanto como los factores que influyen e inciden en su morbilidad y mortalidad. Este pueblo indígena ha estado sometido históricamente a la invasión de sus territorios por mineros ilegales, quienes al penetrar en comunidades con patrones culturales y epidemiológicos específicos, introducen patógenos o enfermedades que generan desequilibrios sanitarios. Esta parece ser una de las primeras causas de morbi-mortalidad en las comunidades más vulnerables. Unido al tema de la invasión de los territorios yanomami, está la violencia generada por los mineros. Hay reiterados casos de yanomami muertos y heridos por esta causa, uno de los más notables fue la masacre de Haximú en 1993 y más recientemente el de Irotatheri en 2012. Para que tengamos una cifra referencial, les presentamos un excelente trabajo de investigación de los profesionales Aimé Tillett y Luis Jesús Bello, en su obra bibliográfica “Minería en la Amazonía Venezolana, el Caso del Pueblo Yanomami” (2015), donde indican que desde la década de los 80 con la masiva invasión de los territorios Yanomami en Brasil y Venezuela por parte de miles de mineros ilegales, han causado más de 2.000 muertes a miembros de este pueblo indígena, en su mayoría por la acción de enfermedades endemoepidemicas introducidas por los garimpeiros, así como ocasionadas  por agresiones en múltiples episodios de violencia a la que ha estado sometido este pueblo indígena, situación ampliamente documentadas en la referida obra (pág. 19 y 20).

El Alto Orinoco es el hábitat del pueblo yanomami, que presenta unas características geográficas especiales, propias de las selvas tropicales amazónicas, y a su vez, zonas de enfermedades endémicas y epidémicas, a las cuales están expuestos.  Unido a estos tres determinantes factores, podemos afirmar que la baja cobertura de atención medica en el territorio yanomami ha influido drásticamente en su situación sanitaria, pues como se advirtió antes, un número importante de enfermedades que azota a este pueblo indígena es prevenible con una vacuna o atención médica a tiempo, con lo cual se pudieran revertir los índices de enfermedades y fallecimientos en esta zona. 

Análisis Jurídico

De la investigación documental y de campo que generó este trabajo, se aprecian claras vulneraciones del derecho a la salud de los pueblos indígenas, contenido en los artículos 83 y 84 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en el 122 de la misma carta fundamental, que es desarrollado amplia e integralmente en el capítulo II, título V de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, así como el artículo 24 de la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y artículo 25 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

Igualmente se aprecia una clara vulneración del derecho a la vida (de estrecha relación con el derecho a la salud), contenido en el artículo 43 de la CRBV, pues en el referido territorio Yanomami del Alto Orinoco, la mayoría de las muertes han ocurrido por falta de atención médica preventiva y curativa; responsabilidad que le está atribuida de marera exclusiva y excluyente al Estado venezolano a través de las instituciones respectivas.

En este sentido, el análisis y las formulas jurídicas indican la indubitable violación del derecho a la salud y a la vida de los pueblos indígenas, que además requiere una atención especial por mandato de los referidos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, por tratarse de pueblos con culturas propias y específicas, tratamiento que se considera preferente en razón del saldo histórico que se le adeuda a dichos pueblos originarios, lo que el Antropólogo y Abogado Erick Gutiérrez, define como discriminación o determinación positiva. Además de las referidas violaciones del derecho a la salud, también se evidencia la vulneración del derecho a la información contenida en el artículo 51 de la Constitución Nacional, al existir un silencio en torno a la situación epidemiológica del estado Amazonas, en especial de los pueblos y comunidades indígenas de su interior.

Por último y de especial interés, ante la evidente y recurrente violación de una serie de derechos que afecta la vida individual y colectiva del pueblo yanomami, se hace necesario una revisión urgente del estado de cumplimiento del Acuerdo de Reparación Amistosa entre el Estado venezolano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contraída el 10 de diciembre de 1999. Con esta revisión pudieran reactivarse una serie de planes y programas de atención sanitaria que seguramente revertiría su situación sanitaria y de seguridad e integridad de sus territorios.

Los indicadores de salud de los pueblos indígenas desde nuestra perspectiva analítica, siempre se enfocará desde una visión integral de la calidad de vida y desarrollo humano. Esto significa, que la articulación sistémica de otros indicadores como, seguridad alimentaria, disponibilidad de servicios mínimos, capacidad resolutiva de atención en salud, seguridad a los modelos socioproductivos autóctonos, acceso a una sistema educativo intercultural bilingüe entre otros, son fundamentales para aproximarnos a definir la salud como un valor y no estrictamente como la ausencia de enfermedades.

Luis Betancourt Montenegro

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Abril de 2019