El Abogado Jesús E. Rodríguez Cedeño, realizo un extenso análisis que titulo la perdida de la legitimidad. A continuación, el comunicado integro.

Lo que se vive actualmente en Venezuela es la pérdida de la legitimidad de un régimen en decadencia. 

Desde el 23 de enero de 2019 hasta nuestros días el régimen agonizante dirigido por el ciudadano Nicolás Maduro ha tratado de centrar el foco del problema venezolano en la violencia que se vive en las calles producto de las continuas protestas, siendo ello una conducta disuasiva de la realidad pues lo medular del asunto lo constituye la pérdida de la legitimidad del status quo imperante, es decir del Poder Ejecutivo junto con los demás poderes públicos exceptuando a la Asamblea Nacional.

 
Ello lo podemos ver de manera clara y evidente en el hecho que desde la pérdida de la mayoría en el Parlamento, el señor Nicolás Maduro desde el Poder Ejecutivo ha actuado de consuno con el Tribunal Supremo de Justicia, sirviéndole este último de avalador oficial de todas las decisiones, haciendo uso abusivo de su facultad para interpretar la constitución al punto de tomar decisiones haciendo interpretaciones contra el mismo texto constitucional y contra su reiterada jurisprudencia, constituyéndose así en un poder pretoriano y dictatorial. 
La aberración jurídica más atroz cometida por los desconocidos jueces del Tribunal Supremo de Justicia (son personas con pocos credenciales para ocupar tal cargo, que históricamente lo ocuparon catedráticos de prestigio de reconocidas universidades, mientras que de estos señores, nadie que haya estudiado derecho en Venezuela ha leído ni un artículo de revista razón por la cual son unos intelectuales desconocidos por el foro de abogados) lo constituye la decisión cautelar que tomaron en el año 2016 desaforando -contra el texto constitucional- a tres diputados del estado Amazonas, tramitando una acción ya caduca de nulidad del proceso eleccionario donde resultaron electos estos diputados y que a la fecha no ha decidido el fondo de la controversia que debió procesalmente resolver en 6 meses. Tal decisión la tomaron con el fin de romper la mayoría calificada que alcanzaba la oposición venezolana con 2 de estos diputados y que es necesaria para ciertas decisiones de estado.

Ante tan dantesca denegación de justicia, la Asamblea Nacional decidió incorporar a estos diputados pues el Tribunal Supremo de Justicia había dejado sin representación parlamentaria a esta importante región del país, acto seguido el Tribunal Supremo de Justicia emitió su decisión de anular todas las decisiones del parlamento por estar tal Poder Público en desacato (falta que sólo se le atribuye a personas naturales), lo que llevó a que el parlamento siguiera tomando sus decisiones ajustadas al texto constitucional mientras que el Tribunal Supremo de Justicia siguió emitiendo una serie de sentencias anulando de manera express todas las decisiones del parlamento por desacato.

La guerra de decisiones llegó al climax cuando días antes del llamado a las protestas del 23 de enero de 2019 el Tribunal Supremo de Justicia emitió 3 sentencias para decir lo mismo: que las decisiones del parlamento eran nulas por estar en desacato. Sin especificar las causales del desacato, lo que a todas luces las convierte en decisiones infundadas. Pero el mayo de los colmos se evidenció el mismo 23 de enero cuando un magistrado “desconocido” salió a dar una rueda de prensa donde leyó el texto de la decisión del desacato, que por infundada parecía más bien un manifiesto político e implorándole al pueblo venezolano que desatendiera las decisiones del parlamento por estar en desacato. 
¿Qué revela esta situación? ¿Cuándo en la historia republicana un magistrado que no debe hablar sino limitarse escribir salió a dar lectura y a explicar una decisión? ¿Cuándo un magistrado del más alto tribunal y con las más altas competencias había salido a implorar que se le prestara atención a sus decisiones? La respuesta es obvia, hay un desmoronamiento institucional y una pérdida de la legitimidad producto de la falta de sindéresis de estos personajes de la vida pública. 
En resumen, vemos entonces a un Tribunal Supremo de Justicia que se coloca de espaldas al texto constitucional atribuyéndole un supuesto desacato a un Poder Público como la Asamblea Nacional, que goza de la más renovada legitimidad de origen, sin especificar los motivos del desacato. Esto nos sugiere unas preguntas.
¿Por qué el TSJ no especifica en qué consiste el desacato? La respuesta es que estos magistrados actúan así porque los responsables de tan mencionado desacato son ellos mismos, que han debido resolver hace tres años el problema de la suspensión de los diputados de Amazonas y no lo han hecho.
¿Y por qué no lo hacen? No lo hacen porque en tan magna causa sólo hay dos posibles decisiones: 1) Sí hubo fraude en la elección y hay que repetirla. Esto no conviene al régimen porque decidir así es admitir que en el sistema electoral más blindado y transparente del mundo, los muertos votan y como se puede votar por otro no se cumple el principio de un voto un elector, es decir, que los motivos alegados por la oposición para cantar fraude durante todos estos años del chavismo han sido ciertos y el TSj nunca admitió ninguna de estas acciones. 2) No hubo fraude Electoral y los diputados deben reintegrarse a sus curules. Esto conlleva a admitir que las decisiones del parlamento han sido válidas, se retoma la mayoría calificada de la oposición y demostraría que tal accionar del TSJ no ha sido más que un acto de burla hacia el pueblo venezolano.

La realidad señores es que los responsables de que el ciudadano Nicolás Maduro haya perdido su investidura de presidente por pérdida de su legitimidad y de que el máximo Tribunal del país (el que funciona dentro del territorio venezolano porque hay uno sesionando en el exilo) haya perdido la legitimidad que debe respaldar sus decisiones son estos mismos magistrados desconocidos que han tomado decisiones guiados por cualquier bajo instinto pero no con la razón. Cuando un Poder Público no tiene a un pueblo que le respalde, no es nada. Hoy el pueblo venezolano ha decidido cohesionarse con el único Poder Público que le ofrece sindéresis entre lo que decide y lo que hace y le da la certeza jurídica necesaria ante este clima de anarquía institucional producida por estas decisiones judiciales que pasarán a la historia como un monumento al disparate. 
Abogado Jesús E. Rodríguez Cedeño